Marcelo Salinas | En órbita: Las convocatorias que vienen de Morena ya no exigirían licencias y renuncias; esto, tanto para las presidencias municipales como para los distritos locales y federales, cuyos registros se desarrollarían durante los próximos tres o cuatro meses, con fechas aún por ratificar.
Es un asunto que se analiza en la Comisión de Elecciones. De prosperar, se supone, debería ser aprobado por el Consejo Nacional; sin embargo, en la dirigencia estatal del partido piensan que quizá baste con la decisión de la Comisión de Elecciones. Aún por verse. El caso es que se trata de una acción trascendental. Como dato: ni sus socios Verde y PT las exigen.
Antes fueron las coordinaciones para los 17 estados, donde la convocatoria sí planteó la renuncia y la licencia como obligatorias.
Morena entonces parece haber aprendido una lección de su propio proceso: el hecho de obligar, generó más dificultades que soluciones. La decisión tiene lógica. Si la regla se mantiene, medio país entrará en una cadena de separaciones del cargo difícil de administrar.
Tan solo en Quintana Roo, decenas de funcionarios podrían abandonar temporalmente sus responsabilidades para competir. El costo político y administrativo sería de gran impacto. Es mejor, pues, no mantenerla.
La experiencia reciente dejó suficientes señales. El proceso para las coordinaciones estatales provocó que varios de los principales municipios México (y espacios de representación) se quedaran sin primeras autoridades o autoridades titulares. Cancún, de hecho, fue un ejemplo muy visible: Ana Paty Peralta analizó hasta el último momento si le convenía registrarse o no, precisamente por el tiempo que tendría que separarse del cargo. Finalmente, sí lo hizo.
Para dimensionar el impacto, cabe recordar que en un momento se habló que podían competir en la interna: Estefanía Mercado (Playa del Carmen), Diego Castañón (Tulum), Mary Hernández (Felipe Carrillo Puerto) y Atenea Gómez Ricalde (Isla Mujeres). Hubiese significado la mitad de las primeras autoridades municipales del estado con ese tipo de licencia.
De confirmarse, como sí está previsto, se dará por hecho que no es lo mismo garantizar piso parejo que paralizar gobiernos enteros por la cuestión partidista. La continuidad institucional también cuenta, especialmente cuando se trata de municipios con alta demanda e intensa actividad.
Eso no significa que desaparezcan los riesgos. Permanecer en el cargo mientras se participa en un proceso interno obliga a extremar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos. Ahí estará la verdadera prueba. La oposición tendrá ese argumento listo y Morena necesitará demostrar que competir desde una responsabilidad así no equivale a utilizarla con fines electorales. Menudo reto.
Podrán respirar un poco mejor en los 11 Cabildos, el Congreso del estado y las administraciones. De hecho, en la XVIII Legislatura ya había comenzado la danza de nombres para relevos, nuevas responsabilidades y diversos equilibrios. Por cierto, si no se exige licencia, Jorge Sanén buscará la coordinación en Benito Juárez sin abandonar la coordinación de Morena (y la Jugocopo) en el Congreso local desde septiembre.
Rectificar no siempre es señal de tibieza o debilidad. También puede ser una muestra de aprendizaje. Morena ha detectado una regla que complica más de lo que resuelve, y trabaja para tomar una decisión sensata.